La ONG es parte de la acusación particular ‘caso Topillo’, que investiga a 80 empresas agrícolas, políticos y funcionarios por los vertidos a la laguna
Tras los movimientos de las administraciones regionales y estatales de los últimos días y las propuestas que han colocado sobre la mesa, Greenpeace considera positivo el encuentro que se ha mantenido entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que se pongan por fin a trabajar de forma conjunta y las administraciones avancen en las soluciones. Sin embargo, la ONG reprueba que ese acercamiento no se hiciera ya hace un lustro, cuando se dio el primer episodio de “sopa verde” de 2016, ya que tomando decisiones antes no se hubiera llegado a la situación actual, que se podía haber evitado.
Además, respecto a las soluciones Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace comenta: “Nos parece un error no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma, y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua”.
¿Quién mató al Mar Menor?
Greenpeace lanzaba esta misma semana un informe que señala el trasvase Tajo-Segura como el origen de la muerte de la laguna. Las conclusiones son claras: el exceso de agua, generado principalmente por el aporte de agua a través del trasvase Tajo-Segura, trajo consigo un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa.
“No habrá vertido cero a la laguna y por tanto no habrá solución al problema, sin establecer un trasvase cero a la zona. Salvar la laguna pasa por salvar también a la agricultura tradicional de Murcia y de los pequeños agricultores de la zona”, ha apuntado Julio Barea.
Litigio de Greenpeace
Otro de los frentes en el que la organización ecologista lucha por salvar el Mar Menor es en los tribunales. La organización ecologista se sumaba en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado “Caso Topillo”, que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la denuncia del por entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.
En la causa que investiga el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se investiga como posibles responsables de estos hechos a 80 empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.
*Esta nota es originaria de Greenpeace
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