Las soluciones a la crisis energética actual pasan por entender que la energía es un derecho

Otorgada la vía verde desde Bruselas, el Gobierno de España ha hecho pública su batería de propuestas para responder a la situación actual, algunas de las cuales ya estaban activadas previamente. Tras su análisis, ECODES y la Fundación Renovables hacen una valoración positiva, pues estiman que se encaminan a salvaguardar el impacto de los precios actuales en las personas más vulnerables. No obstante, insisten en la necesidad de ir más allá para acelerar el cambio hacia un sistema energético renovable y distribuido, entendiendo la energía como un derecho y un bien esencial.

Impulso de la eficiencia energética y las renovables como única alternativa

La emergencia climática, los compromisos adquiridos y la necesidad de independencia energética obligan a erradicar los combustibles fósiles de nuestro sistema energético, algo que tanto desde ECODES como desde la Fundación Renovables vienen demandando desde hace años y que ahora se pone en evidencia. El papel de la energía nuclear no puede ser blanqueado, el gas solo puede ser usado el tiempo imprescindible y no puede ser considerado sostenible en función de origen, sobre todo cuando la decisión por el suministro desde Estados Unidos supone la apuesta por el shale gas producido por fracking y la consiguiente doble moral entre el sí al consumo y el no a la producción. España no puede convertirse en hub de gas, combustible contaminante y del que no disponemos, y aumentar la inversión en estas infraestructuras a largo plazo. Ello supondría la obligación de mantener por tiempo indeterminado y sujeto a compromisos exógenos este combustible contaminante y existe el riesgo de generar compromisos financieros que acabarían recayendo, como en el pasado, en los consumidores.

La solución para estos momentos convulsos debe ser clara: impulsar la eficiencia y las renovables, sin perder de vista un proceso real de democratización energética. El aumento de la ambición en estos objetivos debe ser una prioridad en la próxima revisión del PNIEC y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, alineándose con el “Fit for 55” y con las medidas de la Comisión Europea del pasado 5 de marzo.

La subvención de 20 céntimos por litro a los hidrocarburos, que es regresiva y eleva la componente inflacionaria, debe diferenciar entre sectores productivos y no productivos. Su aplicación debe ser temporal y transitoria, y debe dirigirse exclusivamente dirigida a paliar los efectos que tiene sobre el transporte y el sector primario. No se puede ir contra el principio de “quien contamina paga”. Se debe cuidar a los más vulnerables apostando por la reducción de precios del transporte público.

Ambas entidades apoyan el esfuerzo hecho por el gobierno español en Europa para la reforma del modelo marginalista en la formación de los precios en el mercado eléctrico, considerándola como la única solución frente a otras opciones transitorias que no reflejan ni la realidad del mix ni la dependencia de todos los países de la UE en la cobertura de sus necesidades energéticas. Desde el punto de vista de ambas entidades, debería estudiarse la fijación de precios a las tecnologías, en función de su coste de generación y de su papel en la gestionabilidad del sistema. Asimismo, valoran como excesivamente alta la propuesta de topar los contratos de gas a 60€/MWh, según el RDL 6/2022 (aunque se espera que la propuesta a Europa sea de 30€/MWh y faltaría saber cómo se une con los bilaterales), ya que los precios en el mercado eléctrico alcanzarían en torno a los 130 €/MWh, continuando fuera de la deseada normalidad. Además, queda pendiente determinar cómo se va a pagar las subvenciones al gas, sin correr el riesgo de la judicialización, y la gestión de la cogeneración, que supone el 10% del mix de generación y utiliza fundamentalmente gas, sin incurrir en una ayuda del Estado a las industrias que la incluyen en su proceso productivo.

En esta situación de emergencia, es necesario que la generación renovable, mucho más barata, y la nuclear, mientras esté en funcionamiento, estén fuera de la influencia marginalista. Ello abarataría la factura eléctrica e impediría que la hidroelectricidad sea la coartada de la fijación de precios con referencia al gas natural. Además, es preciso ligar el PVPC a la producción renovable RECORE mediante acuerdos bilaterales por subasta a los consumidores en PVPC, donde se encuentran los más vulnerables para poder percibir el bono social. Es una muy buena medida acelerar los plazos de la retribución del RECORE para este año, como se propuso en noviembre, con un impacto directo y a corto plazo en los consumidores.

La liberación del 10% de capacidad de los nudos de transporte para la modalidad de autoconsumo, con un coeficiente de al menos 0,5 entre potencia contratada e instalada, es una buena noticia, aunque podría haberse adoptado un porcentaje mayor. Además, es necesario poder conectar todas las instalaciones hasta igualar la potencia contratada para cada uno de los tramos horarios contratados por el consumidor, salvo excepción técnica a resolver. También estiman necesario impulsar una ordenación territorial con carácter socioeconómico y ambiental vinculante para los procedimientos temporales acelerados de los parques eólicos de menos de 75 MW y las plantas fotovoltaicas por debajo de 150 MW. Además, la rebaja de los peajes a los electro-intensivos debería ser extensible a los consumidores domésticos.

Más refuerzos en la cobertura del bono social

En relación con las medidas vinculadas con el bono social, ambas organizaciones las consideran bienvenidas pero insuficientes. Celebran el cambio de unidad familiar a unidad de convivencia para la solicitud del bono social dado que, en gran parte de los casos, aumentará el límite de ingresos permitido. Esto facilitará el acceso potencial a mayor número de personas. No obstante, lamentan que solo se considere unidad de convivencia a aquella formada por matrimonios o parejas de hecho, dejando fuera otros modelos familiares. Además, los límites de consumo siguen vinculados únicamente al número de menores y no al de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Más refuerzos en la cobertura del bono social

En relación con las medidas vinculadas con el bono social, ambas organizaciones las consideran bienvenidas pero insuficientes. Celebran el cambio de unidad familiar a unidad de convivencia para la solicitud del bono social dado que, en gran parte de los casos, aumentará el límite de ingresos permitido. Esto facilitará el acceso potencial a mayor número de personas. No obstante, lamentan que solo se considere unidad de convivencia a aquella formada por matrimonios o parejas de hecho, dejando fuera otros modelos familiares. Además, los límites de consumo siguen vinculados únicamente al número de menores y no al de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las previsiones indican que la situación de crisis se extenderá, al menos, hasta finales de año. Por ello, la ampliación de las medidas de protección -aumento del porcentaje de descuento y bajada de impuestos- hasta el 30 de junio es completamente insuficiente y genera incertidumbre en las familias.

Por último, ECODES y la Fundación Renovables lamentan que no se haya atendido a su reivindicación continuada de modificar los límites de consumo bonificados en función de las variables de localización climática y número de miembros de la unidad de convivencia y, en esta situación de crisis, deslimitarlo de forma excepcional.

Capacidad regulatoria y fiscal para contener los precios

En lo que respecta a la capacidad regulatoria y fiscal para contener los precios, ambas asociaciones reclaman:

• La puesta en marcha de todas las medidas pendientes de ejecutar y aprobar y que suponen un cambio inmediato en los cargos regulados de la tarifa eléctrica: avanzar en la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), destinar lo recaudado por el CO2 a reducir la parte regulada, que el modelo de tarificación responda a un “pago por uso” del sistema y se eliminen las asimetrías de la imputación de costes regulados y extender la amortización del déficit de tarifa y reducir el IVA al 10% de manera permanente.
• Reformar de urgencia la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para abrir la competencia del sistema eléctrico centralizado, con la transposición efectiva y completa de las directivas europeas, a nuevos actores y servicios energéticos. Con el fin de obtener un sistema realmente distribuido, descentralizado, transparente y democrático. Necesitamos implantar los agregadores y la gestión de la demanda, los sistemas de eficiencia, las diferentes modalidades de autoconsumo, las comunidades energéticas y las plataformas participativas P2P (Peer to Peer).
• Crear una tarifa social que sustituya al bono social eléctrico e incluya el consumo mínimo vital, así como la aplicación de un IVA superreducido del 4 % atendiendo a la consideración de la electricidad como un bien de primera necesidad. Este IVA superreducido se aplicaría a los términos de consumo y potencia para todos los consumidores domésticos, garantizando el derecho a la electricidad para todas las personas. 
• La creación de un fondo de urgencia público-privado para hacer frente a la pobreza energética que apoye a las familias vulnerables y a la rehabilitación de sus viviendas y al acceso al autoconsumo. Las aportaciones privadas a este fondo deberían proceder, entre otras fuentes, de los “beneficios caídos del cielo” que están obteniendo las empresas energéticas como consecuencia del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad.
• Concesión automática del bono social eléctrico por criterio de renta, mientras la tarifa social llega. Se establecerán los mecanismos necesarios para conceder de forma automática el bono social eléctrico a todos aquellos que puedan beneficiarse por criterio de renta sin necesidad de solicitarlo. Esta medida aparece ya reflejada en la línea 4 de la Estrategia nacional contra la pobreza energética, aprobada en 2019, pero aún no ha sido implementada.

Estamos viviendo una situación de emergencia causada por la invasión de Ucrania en la que estamos adoptando decisiones temporales que, como la subvención de los combustibles fósiles, van en dirección contraria a la política climática acordada por todos los países en la cumbre climática de Glasgow. Reiteramos que estas medidas deben ser excepcionales y temporales.

Debemos avanzar hacia un sistema que garantice el derecho a la energía, atendiendo a su carácter de bien de primera necesidad, permita la participación de la diversidad de agentes y asegure la transparencia. No estaremos seguros mientras no construyamos una economía descarbonizada, basada en la eficiencia, el ahorro energético y las energías renovables. Antes de la invasión de Ucrania ya había muchas razones para acelerar la transición energética, ahora hay muchísimas. Ni Europa ni España dormirán tranquilas mientras dependan de los combustibles fósiles. Su era debe acabar lo antes posible. Esta crisis bélica debe acelerar la transición energética, no debe frenarla.

Puedes leer la nota de prensa original en Ecodes